La Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) y la Unión de Consumidores de España (UCE) han remitido una carta al Presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones en la que manifiestan su rechazo ante la iniciativa hecha público por algunos operadores telefónicos para liberalizar la cuota de abono.
Según estas Asociaciones, aunque la iniciativa se orienta teóricamente al ajuste de tarifas telefónicas, con la coartada de favorecer a los usuarios, en realidad puede ponerse en grave riesgo el interés general en el ámbito de las telecomunicaciones.
AUC y UCE señalan en su carta su acuerdo con la filosofía de ofrecer a los consumidores tarifas asequibles y una reducción del precio final abonado por el usuario. Pero ello siempre que esta reducción no ponga el peligro lo fundamental, que es la garantía de mantenimiento del servicio público, el acceso universal en las mejores condiciones y la viabilidad del sistema de telefonía mediante la competencia real en todos los estadios de la cadena de valor.
En este sentido, señalan:
Que la liberalización de la cuota de abono, tal y como se plantea por estos operadores, implica simplemente extender a ese concepto la reventa de servicios ofrecidos por el operador dominante tal y como se viene haciendo en las llamadas telefónicas de acceso indirecto. Se trata, pues, de seguir viviendo del margen entre el precio de mayorista que el proveedor del servicio se ve obligado a cobrarles y el precio que ellos ofrecen ?sin competencia posible- al usuario final. Sin creación de red propia. Sin realizar ningún tipo de inversión en infraestructuras que favorezca la renovación y la viabilidad del sistema telefónico. Y sin aportar, como siempre, ni un duro al mantenimiento del fondo del servicio universal. Actuando, simplemente, como un intermediario en la gestión del cobro de servicios que no presta, y causando importantes perjuicios a los usuarios.
Que la modalidad de factura única, asociada a dicha liberalización de la cuota de abono, supone en realidad que los servicios prestados por un operador serían facturados por otro. Ello, como ya hemos señalado reiteradamente ante este organismo cuando ha consultado a las organizaciones de consumidores sobre el tema, incrementa la complejidad para los usuarios en las consultas y reclamaciones de los diferentes y servicios; quiebra la responsabilidad directa y la relación formal que debe asumir el proveedor de un servicio frente al usuario; introduce una intermediación que puede generar confusión en la comprensión de las tarifas y los conceptos facturados, así como peligro de duplicaciones en los cobros en el caso de que el usuario tenga contratados planes de descuento o servicios con un operador distinto al que factura; tratamiento y cesiones masivas de datos personales entre operadores que podrían menoscabar gravemente en los derechos de los usuarios sobre sus datos personales.
Que, cuando se traen a colación ejemplos de la situación en otros países, hay que tener en cuenta las importantes diferencias existentes entre los modelos regulatorios, que pueden convertir en engañosas tales comparaciones
Que, si de verdad estos operadores quieren beneficiar a los consumidores, en España pueden hacerlo mediante el alquiler de bucle como medida alternativa a la liberalización de la cuota de abono. Ello les permitiría, como ya lo hacen otros de sus concurrentes, fijar libremente el precio de la cuota de abono sin los "perjuicios colaterales" para los usuarios arriba señalados.
