El Real Decreto 1036/2017 de 15 de diciembre establece los requisitos para que los operadores de drones puedan desarrollar de forma segura actividades en entornos en los que hasta ahora no era posible hacerlo, como el sobrevuelo en las inmediaciones de edificios, aglomeraciones urbanas al aire libre, vuelos nocturnos y bajo ciertas condiciones en espacio aéreo controlado. Todo ello para adaptarse al “emergente” crecimiento del sector.
De hecho, cada vez hay más solicitudes para poder grabar eventos con drones en bodas, conciertos, presentaciones o celebraciones de empresas. Si atendemos a las cifras, son los casamientos las celebraciones que acaparan la mayor parte de su uso, con un 73% sobre el total. Le siguen los eventos deportivos, con un 12%, mientras que los corporativos aglutinan el 6% y los musicales y culturales se quedan con el 4%, según Celebrents.
En cuanto a las tarifas, alquilar una aeronave pilotada por control remoto puede costarle al usuario final unos 450 euros de media por evento, si bien los precios pueden ir desde los 100 hasta los 2.500 euros.
Desde 2014, con la aprobación del primer marco regulador temporal para actividades con drones, 3.000 nuevas empresas operan en el sector, junto a 3.693 pilotos y 4.283 drones, según datos oficiales. La tecnología que se aplica a los drones de uso civil podría alcanzar un nicho de mercado del 10% en la aviación de la Unión Europea en los próximos diez años, llegando a sumar unos 15.000 millones al año. Bruselas calcula que la industria de los drones podría crear unos 150.000 empleos en la Unión Europea hasta 2050.
