La Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) considera una buena noticia que las discrepancias entre los miembros del Gobierno hayan impedido finalmente la aprobación del Anteproyecto de la llamada Ley General de Radio y Televisión.
Para la AUC este proyecto no solamente no resolvía ninguno de los actuales problemas del sector audiovisual, sino que además, podía afectar muy negativamente a operadores y usuarios al menos en tres aspectos:
El Anteproyecto no establecía claramente la obligatoriedad de la radiotelevisión pública estatal. Según el texto, podía quedar a la discreción del Gobierno el mantenimiento de esa televisión pública o su gestión indirecta a través de operadores privados. Al mismo tiempo, tampoco se aseguraba un modelo mixto de financiación para la televisión pública que impidiera su competencia desleal con las televisiones privadas.
El Anteproyecto no establecía de una forma clara las obligaciones de las televisiones privadas, una vez que éstas pasaban de ser servicio público a convertirse en servicios de interés general. Ello puede repercutir en una pérdida de derechos de los espectadores.
Finalmente, el Anteproyecto recuperaba un antiguo proyecto del Partido Popular: la creación de un Consejo Audiovisual "descafeinado" en el seno de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). Este Consejo sería, en la práctica, un mero órgano administrativo dependiente del Gobierno y sin ninguna participación de los agentes sociales y económicos, en absoluto homologable con los organismos existentes en el resto de Europa y en buena parte del mundo.
La AUC considera, por el contrario, que el Consejo de lo Audiovisual, para estar verdaderamente legitimado en su labor, debe ser independiente del Gobierno; con consejeros elegidos por mayoría suficiente en el Parlamento; con un comité asesor de función consultiva en el que estén representados los diferentes agentes involucrados en lo audiovisual (profesionales, empresas, espectadores, expertos), y por supuesto, con capacidad sancionadora.
