La nueva Ley 32/2003 General de Telecomunicaciones, que entró en vigor a finales del pasado año, sigue propiciando la indefensión de los usuarios de telefonía fija, al no sentar las bases para corregir las irregularidades capitales existentes en éste sector: preasignación fraudulenta, ausencia de regulación de la calidad de todos los operadores, servicios de tarificación adicional, financiación del servicio universal, etc. La protección de los derechos de los usuarios queda subordinada al fomento de la competencia a cualquier precio, incluso aunque ello pueda generar en muchos casos una competencia desleal. Esta es la conclusión a la que ha llegado la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) tras analizar tanto la normativa como su aplicación a los dos meses de su entrada en vigor, y que ha sido hecha pública con motivo de unas Jornada sobre ?Los nuevos retos de la Ley General de Telecomunicaciones? organizada por ésta asociación y la Universidad Rey Juan Carlos.
La AUC critica que no se haya atendido de forma realista la constitución de un Fondo para el mantenimiento del Servicio Universal que contemple aportaciones públicas y que obligue a participar en el mismo a todos los operadores del mercado, cada uno en función de su cuota de negocio. Para la Asociación, el hecho de que el hasta ahora llamado operador dominante (Telefónica) soporte todo el coste del servicio universal está permitiendo a otros operadores una estrategia basada sólo en conseguir beneficios a corto plazo, sin que ello suponga reinversión en el sistema para asegurar la continuidad, viabilidad y consolidación del sector.
Pero, sobre todo, la AUC considera que la nueva normativa no sienta las bases para corregir las irregularidades existentes en la telefonía fija, protegiendo los derechos de los consumidores.
Un ejemplo es la actual regulación sobre la preselección, que permite a los usuarios elegir a un operador diferente del que le provee de acceso a la red sin necesidad de marcar un código en cada llamada, la cual está propiciando importantes irregularidades, fraudes, falsificaciones de firmas, etc., sin que por ahora existan procedimientos para evitar esas prácticas: por ejemplo, establecer un régimen sancionador para los operadores que realicen esas prácticas fraudulentas; prever indemnizaciones para los usuarios que no hayan dado su consentimiento previo y expreso a la preselección; instaurar sistemas para la acreditación fehaciente de la preselección, etc.
Preocupa también a AUC la falta de una regulación de la calidad en las telecomunicaciones que garantice a los usuarios unos umbrales mínimos en la prestación del servicio exigibles a todos los operadores a niveles similares a lo exigido al operador dominante.
La Asociación denuncia, además, el fracaso de la actual regulación en relación a las prácticas abusivas que se producen a través de los números de tarificación adicional, ya que a pesar de la sustitución de los antiguos 906 por los nuevos 800 siguen generándose multitud de fraudes como las falsas ofertas, los concursos en las televisiones (sobre todo locales) los redireccionamiento de las llamadas en Internet, etc., sin que desde la Administración se estén adoptando medidas eficaces para informar y proteger a los consumidores.
Por último, la AUC critica algunos aspectos de la Ley como el hecho de que la protección de los consumidores haya quedado en manos del Ministerio de Ciencia y Tecnología y no en un órgano independiente similar a los Consejos de lo Audiovisual, tal y como ocurre en otros países europeos.
