La tasa Google propuesta por el gobierno español grava con un 3% los ingresos de las empresas digitales que facturan globalmente más de 750 millones de euros (o 3 millones en España) en concepto de publicidad online, intermediación (distribución) o venta de datos obtenidos de la huella digital de los usuarios.
Muchos detractores de esta tasa dicen que “reducirá la capacidad de competición de las empresas españolas en un mercado globalizado”, pero ignoran que la competición solo es justa si todos los agentes operan en las mismas condiciones; y lo cierto es que hay intermediarios de la cadena de distribución que eluden el pago de impuestos en España aprovechando las ventajas de la telemática para radicarse en otros países. Y esa no es la globalización más deseable; o no debería serlo.
Ni los más furibundos opositores de la tasa Google niegan que es necesario regular el sistema tributario en los nuevos entornos del comercio electrónico para evitar un nuevo tipo de `dumping´ y la elusión de obligaciones tributarias; otra cosa es que lo digan en sus diatribas contra los gobiernos que se deciden a abordar este asunto. Se podrá decir que el gobierno español se ha adelantado al siempre necesario consenso europeo sobre esta tributación, tantas veces anunciado como demorado, pero también es cierto que otros países como Francia o el Reino Unido ya tienen proyectos parecidos al español para resolver esta anomalía; porque es algo inevitable que se lleva discutiendo a escala internacional desde hace años y empieza a ser urgente pasar de las palabras a los hechos.
Tampoco es del todo cierto, y sí bastante discutible, que se diga a la opinión pública que será el usuario final quién pague la tasa Google porque las empresas van a repercutir sobre ellos este “aumento de los costes”. En el caso de servicios gratuitos como buscadores o redes sociales cuyo modelo de negocio está basado en la facturación publicitaria, va a ser difícil que eso ocurra. ¿Cómo se repercute un impuesto sobre el consumidor final cuando el consumo de ese servicio es gratuito?
Para seguir centrando el debate en el marco de la sensatez, también es importante recordar el hecho de que esta tasa no afecta a todas las empresas de comercio electrónico o agregación de contenidos, sino solo a aquellas que tienen una facturación muy elevada, y una capitalización bursátil y unos beneficios multimillonarios. Teniendo en cuenta la buena salud financiera de estas empresas, decir que como consecuencia del pago de este impuesto se van a producir efectos apocalípticos sobre el empleo y la inversión es una hipérbole que resta credibilidad a los argumentos y no aporta claridad al debate, sino todo lo contrario.
Los defensores de las nuevas tecnologías y los entornos telemáticos no podemos caer en la ingenuidad de que todo lo que reporta este progreso es necesariamente bueno por el solo hecho de ser nuevo. El preocupante asunto de las `fake news´, que ya está teniendo efectos reales sobre la vida de la gente, es otro ejemplo bastante claro de que es muy imprudente dejar que el nuevo entorno de comunicación e intercambio comercial crezca y se desarrolle a su antojo sin una regulación que garantice equidad y defensa de los derechos fundamentales de la gente. El nuevo mercado de comercio electrónico y publicidad online debe ser parte de esta regulación necesaria del nuevo mundo digital. Por supuesto que sería mejor tomar estas medidas con un consenso de la Unión Europea, pero la resistencia de países como Irlanda, Holanda o Luxemburgo, en los que están radicados los grandes gigantes digitales por sus ventajas fiscales, y cuyos gobiernos se ponen a silbar y mirar al techo cada vez que se habla del consenso europeo, demuestra que aquí hay alguien que está sacando un beneficio espurio en nombre de la libertad de mercado.
